¿Crisis en la educación superior en México?

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Desde hace varios años se ha venido comentando por investigadores y organismos internacionales sobre la situación que guarda la educación superior en México, particularmente la que ofrecen las universidades públicas; de ninguna manera la privada se exime de ese diagnóstico, pero por financiarse con recursos públicos, es de interés del que escribe señalar lo que está pasando con los centros de enseñanza, cuya nómina depende de los egresos del erario nacional.

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Algunos la evalúan como de emergencia, otros más escépticos como critica o de crisis. Considero que es pertinente hablar sobre estos temas, por la coyuntura política que se presenta en algunas universidades del país.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, la de Yucatán (UADY), y la propia Autónoma de Coahuila, entre otras, están cercanas a procesos electorales para elegir rector, o cambiando las estructuras de la organización administrativa, es decir de escuelas y facultades a unidades académicas como es el caso de la UADY.

Ha permeado la idea en los últimos congresos que han organizado las universidades sobre los desafíos de la educación superior en el país de orientar el rumbo de las universidades, al menos el modelo académico, mediante la revisión y análisis de tres de las etapas del proceso de formación de los estudiantes que utiliza cualquier institución de educación superior, independientemente de su tamaño y localización geográfica:

1) la admisión y perfil de los estudiantes, 2) la organización académica del alumnado, y 3) el rol de la universidad en el desarrollo de la sociedad.

Para ser más descriptivos esas etapas se pueden convertir en planteamientos, a través de interrogantes, que dan la pauta para formular las políticas universitarias de corto y mediano alcance. ¿Quiénes deben ser los estudiantes y cómo seleccionarlos?; ¿cuál debe ser la oferta educativa y cómo estructurarla?; cuál debe ser la aportación de la universidad a la comunidad, en docencia, investigación y cultura. Todas esas preguntas se pueden contestar con la participación de docentes, investigadores y administrativos universitarios, internamente sin depender de criterios o políticas exógenas a la propia universidad.

¡LA ADMINISTRACIÓN PRÍSTINA DE LAS FINANZAS POR LOS RECTORES!

Tal parece que las administraciones universitarias han interpretado muy a su manera el concepto de autonomía, y la convirtieron en una mala copia del partidazo, en sus mejores momentos cuando manejaba el eslogan “carro completo” con o sin la voluntad del elector, o hacían suyo el viejo adagio con sabor oriental “el oro y el moro”.

Transformaron a las universidades de provincia en pequeños feudos, impenetrables a auditorías y por ende a la rendición de cuentas de los ingresos públicos que recibían. Fue hasta mediados de los años noventa del siglo XX, cuando desde el Gobierno Federal se empezó a poner orden en el dispendio “grosero” de los recursos federales.

Indudablemente que esos malos manejos de las finanzas impactaron en la calidad de la educación; y paralelamente a la intervención de las autoridades del centro, surgió una corriente de pensamiento crítica que empezó a cuestionar a la educación superior pública, particularmente su eficiencia económica y rentabilidad social.

Derivado de ello, se formuló la demanda: Las universidades públicas deben rendir cuentas de sus quehaceres, saberes, gastos, resultados, así como que identifique su existencia y operaciones institucionales… (Maldonado, M; 2005).

Conviene mencionar que ésta fue avalada por casi todos los actores políticos y empresarios, afines a la firma del reciente Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos; uno de los principales protagonistas fue el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo (1994-2000).

Una de las consecuencias más negativas para los universitarios fue que la tasa de crecimiento de los recursos públicos dirigidos a la educación superior paulatinamente disminuía.

LA ADMISIÓN Y PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Esta parte inicial del proceso de formación del alumno es determinante en las políticas educativas de las universidades, porque marca una guía para lograr el perfil de egreso, que “promete” al aspirante la institución después de haber cursado la carrera seleccionada.

La rigurosa selección de los alumnos interesados muchas veces se opone a los criterios políticos, de educación superior para todos, que propician universidades-guarderías y egresados con niveles de conocimiento y habilidades por debajo de las que el mercado de trabajo demanda. Además, pone a prueba el objetivo social de las universidades de transformar mediante la educación, particularmente al joven, que vive en un ambiente hostil, no sólo económico, sino contrario al desarrollo de una disciplina universitaria.

Sin duda, la selección rigurosa o laxa influye para catalogar a las universidades en de “garaje” o de calidad. La mayoría de las universidades recurren a agencias nacionales o internacionales, quienes se encargan de elaborar los exámenes de admisión, que generalmente evalúan habilidades y conocimientos, lo que ha derivado en la aparición de mercados paralelos rentables, que ofrecen cursos de preparación para tales pruebas, inclusive se presentan casos en que las mismas escuelas los ofrecen, como ha sido el caso de las escuelas de medicina.

Con ese tipo de evaluaciones se estandarizan los conocimientos y destrezas mínimas requeridas para ingresar a una licenciatura. El alumno que pretende cursar biológicas o ciencias exactas o administrativas es sometido al mismo tipo de examen. Esa ha sido una de las críticas a los exámenes, los estudiosos del tema recomiendan vincularlos con el perfil de egreso, que se tenga contemplado, lo que implica o bien presentar otro tipo de test, o complementar la prueba tradicional con otro tipo de exámenes.

Desde luego, que la función de la universidad no concluye cuando el estudiante egresa, sino continúa a través del seguimiento de egresados.

 

FEDERICO MÜLLER

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